Balboa Asesores

Sobre el papel, la mayoría de comunidades autónomas ha incluido en sus planes de reequilibrio medidas por el lado de los ingresos y de los gastos que permitan rebajar el déficit del 2,9% registrado en 2011 al 1,5% que exige Hacienda este año. Así lo corroboró ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a los responsables de Hacienda del Gobierno y de las comunidades. Sin embargo, el Ejecutivo es consciente de que el papel lo aguanta todo y advirtió a las comunidades de que Hacienda supervisará y controlará que los planes de reequilibrio aprobados ayer se cumplan a rajatabla.

Montoro, que aseguró que ahora está "más convencido que antes" de que se cumplirá el objetivo de estabilidad, señaló que el ajuste asciende a 18.349 millones. Las comunidades aprobarán este año reducciones del gasto por un importe de 13.071 millones y subirán los impuestos por otros 5.278 millones. Parte del ahorro se origina por los recortes en sanidad y educación que aprobó recientemente el Gobierno y que implica la puesta en marcha del copago farmacéutico o la subida de tasas, entre otras medidas.

El único plan de reequilibrio que no se aprobó fue el de Asturias por la situación política. Actualmente tiene un Gobierno en funciones y será el nuevo Ejecutivo el que deberá diseñar un nuevo plan de ajuste. Andalucía monopolizó buena parte de la reunión, ya que en un primer momento Hacienda rechazó su plan por sobrestimar ingresos derivados de fondos europeos. Sin embargo, gracias en parte a la mediación de Cataluña, se llegó a un acuerdo cuando Andalucía aceptó un recorte adicional de 300 millones en su presupuesto. El Gobierno central sigue muy de cerca Cataluña y Andalucía ya que, por su tamaño, resultan claves para que el déficit autonómico no sobrepase el límite fijado. De hecho, casi el 50% del ajuste corresponde a estas dos comunidades. Dicho de otra forma, que Asturias cumpla o no es secundario para el resultado global.

Montoro se mostró confiado en que las comunidades se ajustaran. En caso contrario recordó que la Ley de Estabilidad Presupuestaria abre la puerta a que el Ejecutivo imponga sanciones y pueda intervenir a las que se desvíen. El Gobierno quiso lanzar un mensaje de unidad para demostrar a mercados y analistas que también las comunidades serán capaces de transitar por la senda de consolidación fiscal, pese a las reticencias de los organismos internacionales. Bruselas exige que España rebaje sus números rojos del 8,5% al 5,3% este año y al 3% en 2013. Un reto muy ambicioso que, sin las comunidades, resulta simplemente imposible de alcanzar.

La situación es tal que ahora vas a pedir un crédito y no te lo dan aunque seas el sobrino del director del banco", aseguró ayer el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) adscrita a CEOE, Jesús María Terciado. Es más, manifestó sus temores acerca de que la nuevas provisiones exigidas a la banca por la reforma financiera del Gobierno -que calificó de "estratosféricas"- lleven a las entidades a cerrar aún más el grifo de la financiación a las pymes; sobre todo "con la no renovación de créditos ya concedidos", dijo tras su intervención en el Fórum Europa.

"Cuando una empresa acude a pedir un crédito ya no importa que sea solvente o insolvente, sino que el problema es que la mayor parte del sistema es insolvente", criticó al sector financiero.

Así apuntó a las "cuatro o cinco" entidades que aún están siendo evaluadas, confiando en que no haga falta su nacionalización, sino que el problema se solvente con fusiones o adquisiciones. "El resto (de entidades) deberán cumplir con los requisitos de la reforma financiera; y, mientras la prima de riesgo este así y les impida financiarse con normalidad, podrían retirar créditos a las pymes, el futuro y el que ya tienen, no renovándoselos", insistió. Ante este posible problema, el presidente de Cepyme instó a las pymes a "buscar alternativas a la bancarización" que consideró "excesiva" debido a que el crédito "ha sido demasiado abundante y barato". Entre estas alternativas, sugirió al Gobierno a que incluya en su Ley de Emprendedores -que podría aprobarse en junio- "incentivos fiscales en el tratamiento de las sociedades de capital riesgo"; así como otros estímulos a las sociedades de capital semilla o business angels.

El reto del tamaño

En cuestión de política económica, añadió que "no sería descabellado" pensar en acometer otra reforma del sistema de pensiones, que recorte más su gasto. "En este último año y medio, desde la anterior reforma, han cambiado mucho las cosas" y se han deteriorado gravemente los ingresos "mientras no dejan de subir las pensiones". Por ello, apostó más por medidas como "ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral".

Por su parte, la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, encargada ayer de presentar a Terciado, arremetió contra el regulador por la excesiva burocracia que existe para crear empresas.