
[22-02-2012] - Publicado en General
La AEB apoya la dación en pago de una vivienda siempre que sea voluntaria El Gobierno salvará del desahucio a las familias con escasos ingresos
Á. G. - Madrid - 22/02/2012 - 07:00
Hasta el inicio de la crisis los embargos hipotecarios prácticamente eran testimoniales, una anécdota dentro de las preocupaciones de las entidades financieras. "Ahora es un tema que nos preocupa y nos ocupa", señalaba ayer un ejecutivo de una destacada firma financiera.
La banca considera que el número de embargos, aunque se han disparado desde 2008, sigue siendo muy pequeño; pese a ello, cree que es un problema social que debe resolverse. Lo mismo considera el Gobierno. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, comparece hoy en el Parlamento con un objetivo, anunciar el compromiso alcanzado entre la banca y el Ejecutivo para intentar solucionar un problema con graves consecuencias para un cada vez mayor número de familias. El Ejecutivo, de hecho, lleva varias semanas presionando a la banca para que busque una solución a los desahucios. Y parece que se ha encontrado. El Gobierno ha remitido a las entidades una serie de medidas para su consulta. Entre ellas destaca la de fijar un umbral de ingresos a partir del cual una familia que haya incurrido en el impago de su hipoteca quedaría protegida ante un desahucio, y podría permanecer en su casa.
Esta medida iría acompañada de otras iniciativas paralelas de tipo económico y administrativo, dado que el banco que ha concedido la hipoteca está obligado no solo a reclamar la deuda, sino también a provisionarla. Y es que una vez reclamada la deuda, se inicia un proceso judicial, y al final es el juez el que ordena el desahucio, no la entidad.
Las propuestas, no obstante, intentan evitar una modificación de la norma que rige el mercado hipotecario. Han optado por un "pacto de caballeros", como lo define un directivo, ya que cambiar la ley podría suponer un considerable gravamen para los futuros clientes que quieran contratar una hipoteca. Además, la banca rechaza de plano una solución como la dación en pago con carácter retroactivo, según explicó ayer el presidente de la AEB, Miguel Martín.
El lunes de la semana pasada la patronal bancaria y los cuatro grandes bancos españoles mantuvieron una reunión con De Guindos. El objetivo era llegar a un consenso para reducir los embargos sin cambiar la norma hipotecaria. Ayer la banca entregó sus propuestas al ministro y este hizo lo propio con las realizadas por el Gobierno.
Varias fuentes bancarias aseguran que con la propuesta del Ejecutivo el perjuicio para la banca será poco representativo, ya que al final los desahucios son escasos. "Lo último que pretende una entidad financiera es embargar una vivienda a una familia. Es la última medida que se toma. Antes se negocia y generalmente se llega a un acuerdo de refinanciación con plazos más largos, se baja el tipo de interés, se incluyen años de carencia o se adquiere la casa y se le alquila a la misma familia. Todo para evitar su embargo", señalaba ayer un banquero.
Otro directivo daba cifras. "De cada millón de hipotecas que se firman, solo se embargan 9.000 viviendas. Es un porcentaje muy bajo". Con las nuevas medidas, al cambiarse las condiciones de la hipoteca se reducirán también los gastos que ello conlleva. También se incentivarán medidas fiscales para ayudar a las familias a afrontar su situación económica antes de llegar al límite del impago de la hipoteca.
Miguel Martín se mostró ayer a favor de la "dación en pago" -saldar la deuda con un banco devolviendo la vivienda-, pero solo en el caso de que la medida sea acatada por la entidad de forma voluntaria, "por razones humanitarias o las que quieran". Recordó que la dación en pago sería una opción "muy dañina para la organización del mercado inmobiliario y con la que no está de acuerdo".
Las cajas de ahorros han sido tradicionalmente las más activas en la concesión de hipotecas -tienen una cuota del 55%- y también en las adjudicaciones de inmuebles. Según datos de los esfuerzos de transparencia remitidos por las entidades, Catalunya Caixa es la que más millones de euros en inmuebles adjudicados tiene sobre el total del crédito, el 2,1%. Le sigue Bankia, con el 1,35%, Unnim, con el 1,30% y Banesto, con el 1,25%. En el lado contrario destacan Bankinter y CaixaBank. La CECA, como ya explicó en septiembre, también es contraria a la dación en pago, por su impacto en el incremento de las necesidades de capital de las entidades, "con el consecuente efecto sobre la disponibilidad de crédito en la economía". A ello habría que añadir su "más que probable efecto negativo" sobre la prima de riesgo de la deuda española, argumenta la CECA.
97% de los hipotecados con una caja de ahorros "cumple con su obligación de pago", según datos de la CECA
[22-02-2012] - Publicado en General
Pacta con la banca que el proveedor acuda a cobrar a la entidad Plan de Hacienda para saldar la deuda comercial de las Administraciones El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que ultima un plan con la banca para saldar toda la deuda pública con proveedores (en torno a 35.000 millones), "en semanas o meses". Los detalles se anunciarán en el Consejo de Ministros del viernes.
R. D. Guijarro / C. Molina - Madrid - 22/02/2012 - 07:00
Consciente del fracaso que han tenido las distintas líneas del ICO para tratar de rebajar la abultada deuda pública con los proveedores, el Ejecutivo ya trabaja en un mecanismo alternativo para tratar de corregir la elevada morosidad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará el viernes un plan que irá más allá del ICO, en colaboración con la banca. "Esta medida debería permitir a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas en un plazo de semanas o meses", señaló ayer en una contestación al Grupo Mixto durante la sesión de control en el Senado.

Fuentes del Ministerio de Hacienda apuntaron que el objetivo de ese plan, que probablemente deba desarrollarse como ley, es poner el contador de la deuda comercial a cero, aunque reconocieron la complejidad que entraña su encaje normativo. A la espera de conocer los detalles, lo que sí se conoce es que mediante esta "gran operación financiera" las empresas podrán ir directamente a las entidades financieras a solicitar el pago de la deuda contraída con las administraciones públicas. Estas serán las encargadas de abonarles las facturas. De dónde va a sacar el Estado "miles de millones de euros" para abonar después a la banca el importe de las facturas cobradas era ayer una incógnita, puesto que aún se está negociando. De hecho, técnicos de las consejerías de Hacienda de las 17 comunidades autónomas estaban reunidos a última hora de la tarde de ayer con miembros del Ejecutivo en el Ministerio de Economía para seguir perfilando las características y los requisitos de ese plan.
Fuentes de Hacienda recalcaron que este deberá contar con un apoyo decidido por parte de la banca, ya que tendrá que destinar un gran número de recursos al cotejo de las deudas, y por parte de las administraciones, a la hora de establecer los mecanismos para la devolución de los importes al Estado.
Las primeras estimaciones, según fuentes empresariales consultadas por CincoDías, apuntan a que la deuda pública con los proveedores se eleva a 35.000 millones, de los que el 60% corresponde a los ayuntamientos y el 40% a las autonomías.
De ese montante tan solo se conoce el volumen correspondiente a la deuda sanitaria. De los 14.000 millones de euros que deben las autonomías, más de dos terceras partes pertenecen a la deuda sanitaria. Los laboratorios farmacéuticos y las empresas de tecnología sanitaria acumulaban a 31 de diciembre de 2011 impagos por 11.595 millones de euros y retrasos en el cobro que en algunas regiones llegan a los 841 días, como el caso de la Comunidad Valenciana.
La deuda de los laboratorios es de 6.369,3 millones y el retraso medio en el pago es de 525 días (un año y medio), mientras que la de las empresas de tecnología sanitaria es de 5.230 millones y el retraso es de 473 días (un año y cuatro meses).
[22-02-2012] - Publicado en General
Remitirán al Gobierno un plan consensuado de peajes blandos a finales de año Concesionarias y transportistas negocian el copago en la carretera Los operadores de infraestructuras y los transportistas de mercancías por carretera dan por descontado que España implantará la directiva Euroviñeta, por la que se grava el tráfico en las autovías, y han comenzado a pactar una propuesta común para remitírsela al Gobierno antes de fin de año.
Javier F. Magariño - Madrid - 22/02/2012 - 07:00
El seno de la patronal CEOE está sirviendo para que constructores y concesionarias, por un lado, y transportistas, por otro, diseñen un plan común para orientar al Gobierno en la imposición del pago por uso en las carreteras de alta capacidad libres de peaje. Hasta el momento, las compañías de infraestructuras han hecho leitmotiv de la tarificación de las autovías a través de la implantación de la Euroviñeta, pero encontraban frontal oposición en el mundo del transporte, cuyos costes se verían notablemente alterados a corto plazo.

Con el debate atascado, la CEOE montó tras el verano una mesa de negociación en la que se sientan miembros de la Comisión de Infraestructuras y del Consejo de Transportes. Esta comisión mixta estuvo prácticamente inoperante hasta la formación del nuevo Gobierno y es ahora cuando se han intensificado las conversaciones. El sistema de peaje blando que se fragua en la CEOE será remitido antes de fin de año a Moncloa.
Fuentes cercanas a ese equipo de trabajo aseguran que el tira y afloja se lleva a cabo en varios frentes. Los nuevos peajes afectarían tanto a vehículos pesados como a ligeros; lo recaudado iría a la conservación de las carreteras de alta capacidad (partida que se lleva unos 1.400 millones anuales) y a conformar ayudas para la modernización del transporte en carretera; se habla de un cuadro de exenciones a cuenta de parámetros ambientales y de horarios, e incluso de precios.
Las mismas fuentes comentan que tanto empresas de infraestructuras como firmas del transporte dan por descontado que la Euroviñeta terminará por implantarse a la vista de las duras restricciones presupuestarias con que opera el Gobierno. En ese contexto, los transportistas tratarán de dilatar al máximo la entrada en vigor.
Peaje en una quinta parte de la red
En España existen 3.300 kilómetros de autopistas de peaje (17,4% de la red), mientras las vías de alta capacidad sin tarificar alcanzan los 15.600 kilómetros. La Euroviñeta, directiva de transposición voluntaria hasta octubre de 2013, impone el cobro por kilómetro recorrido a vehículos de más de 3,5 toneladas y deja abierta la posibilidad de cobrar a ligeros.
La adopción de esta norma reportaría a las arcas públicas unos ingresos de 3.000 millones el primer año y hasta de 62.000 millones a lo largo de los próximos 15 años, según cálculos de Aseta, patronal de las concesionarias de autopistas. Su implantación, según estima el mismo colectivo, costaría unos 400 millones y la operación del sistema de cobro de peaje tendría un presupuesto aproximado de unos 160 millones anuales. El sector concesional ya se ofreció al anterior Gobierno para correr con las inversiones necesarias a cambio de concesiones. Alemania, Austria o Polonia están entre los países que ya han adoptado la Euroviñeta.
Con una propuesta más suave que el copago generalizado en las carreteras, el colectivo de constructoras Seopan calculó el año pasado que el Estado podría ingresar 1.800 millones tarificando el tráfico de vehículos pesados (10 céntimos por kilómetro) y ligeros (4,5 céntimos por kilómetro), pero gravando solo los viajes de largo recorrido.
El debate está servido. Los transportistas ven en la Euroviñeta una puntilla para el sector, pero son conscientes de que su oposición tiene los días contados. Por ello se colocan en primera fila en estos momentos de negociación y dicen haber ganado un año mientras se llega a un acuerdo. El Gobierno, por su parte, tiene a su alcance una herramienta para hacer caja y sufragar obras; y las constructoras y concesionarias defienden un mecanismo que les asegura negocio a través de la conservación.
El sector del transporte pesado por carretera, representado por unas 66.000 empresas, ha venido presentando una dura oposición a la transposición de la Euroviñeta en España. Su peso es del 2,2% en el PIB y del 3% en la cifra de población ocupada, según datos que maneja el ministerio de Fomento.
El 82% del transporte interurbano de mercancías en España se mueve por carretera, siendo el impulso del ferrocarril uno de los objetivos del Gobierno.
El transporte es responsable del 40% del gasto energético en España, frente al 30% de la industria y otro 30% que se llevan la agricultura y los hogares. De la porción que se debe al transporte, el 80% de la factura la pagan los transportistas por carretera.
La dependencia respecto al gasoil es la causa principal por la que los transportistas se oponen al céntimo sanitario, por el que se financia el sistema público de salud a través de subidas en el combustible, o a cualquier subida que vaya encaminada al mantenimiento de las carreteras.
Más del 30% de los costes directos que soportan las empresas de transportes tienen que ver con el combustible; algo más de un 20% dependen del personal de conducción; la amortización de los vehículos y dietas se llevan en torno a un 10% cada una, y los neumáticos y reparaciones aparecen a continuación con el 5% y el 3%, respectivamente. Estos dos últimos elementos del coste están directamente relacionados con el estado de las carreteras.
La comisión mixta de infraestructuras y transportes de CEOE está formada por seis representantes, tres por cada bando. En el primer equipo están un representante de la CNC, otro de Seopan y un directivo de Aseta. Por los transportistas figuran los responsables del Consejo del Transporte de CEOE y los de las patronales CETM y Astic.
[22-02-2012] - Publicado en General
CAM vende su 5,1% en TUI con unas plusvalías de 27,7 millones
Banco CAM ha colocado su participación del 5,1% en el touroperador alemán TUI por 77,548 millones de euros, una operación que tendrá un impacto positivo de 27,729 millones en sus cuentas.
La entidad controlaba 12,85 millones de acciones de TUI a través de su sociedad Inversiones Cotizadas del Mediterráneo (INCOMED). BNP Paribas ha sido la directora de la colocación, realizado mediante un proceso de venta acelerada.
Esta transacción supone la salida total de Banco CAM en INCOME del capital del grupo germano, según ha señalado la entidad en un comunicado remitido a la CNMV.
[22-02-2012] - Publicado en SEGUROS
Desde su lanzamiento hace más de 4 años El Registro de Seguros de Vida ‘descubre’ casi 400.000 pólizas desconocidas Desde su creación, en junio de 2007, y hasta el pasado 31 de diciembre, el Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento ha permitido que casi 400.000 pólizas de seguros de personas fallecidas –exactamente 391.837– hayan podido ser conocidas y cobradas por sus beneficiarios.
Estos datos del Ministerio de Justicia han sido avanzados por 'Mercado de Dinero', publicación de Ausbanc, que destaca el éxito de de esta inicativa tanto para los consumidores como para dotar de más transparencia al sector financiero y asegurador. “Este modelo ha trascendido fronteras y ya son varios los países de Iberoamérica que han puesto en marcha registros de seguros de vida similares”, detalla la asociación de consumidores.
[21-02-2012] - Publicado en SEGUROS
El Seguro, afectado por el quite de la deuda griega aprobado esta madrugada Los acreedores privados tendrán que asumir una quita del 53,5% del valor nominal de los bonos
Tras 13 horas de negociaciones, los ministros de Finanzas de la ‘eurozona’ han llegado esta madrugada a un acuerdo para desbloquear el segundo rescate de Grecia. Según ha trascendido, dos aspectos han contribuido a que la negociación encallara: la pérdida de soberanía del país, que estará supervisado por una delegación permanente europea, y la quita que tendrá que afrontar el sector privado, particularmente los bancos y fondos de inversión, pero también las aseguradoras.
Al final, esta será más alta de la inicialmente prevista y los acreedores privados tendrán que asumir una quita del 53,5% del valor nominal de los bonos. Es decir, tres puntos y medio más de lo previsto al comienzo de las negociaciones. Esta quita se elevará realmente hasta el 75% ya que, tras canjear los bonos, los nuevos títulos tendrán un interés medio más bajo (Grecia pagará un cupón medio anual del 2% hasta 2015; del 3% entre 2015 y 2020; y del 3,5% a partir de ese este último año), según informa El Mundo.
Repercusión en el seguro español
En un reportaje publicado por Actualidad Aseguradora el pasado 24 de octubre, cinco entidades aseguradoras reconocían mantener deuda griega en sus carteras de inversión, aunque muchas más estarían afectadas. MAPFRE confirmó que, a junio de 2011, mantenía en la deuda helena 224,9 millones de euros, “contabilizada a valor de mercado, por lo que sus variaciones ya están reflejadas en el patrimonio de la compañía”.
Durante la presentación de sus resultados del ejercicio 2011, el pasado 8 de febrero, MAPFRE reconoció sobre su exposición a la deuda griega, en la que en total tiene invertidos 251 millones de euros, que “tenemos una cobertura del 50% del valor nominal, pero con la provisión realizada estamos preparados para cubrir hasta el 70%”. En este sentido, la aseguradora señaló que mantiene una política de inversión conservadora, con gran presencia en activos gubernamentales, y que su posición de solvencia es holgada ya que volvió a mejorar, situándose en el 287,2%, lo que supone casi triplicar los requerimientos legales exigidos.
En GROUPAMA, su director general, Jean Azéma, reconocía que la exposición neta de la compañía a finales de junio en Portugal, Grecia y Finlandia ascendía a 770 millones de euros. Por su parte, AEGON reconocía disponer en su cartera de inversiones de un porcentaje del 0,19% en deuda griega, una pequeña exposición que, según sus directivos, ya estaba provisionada a precios de mercado. Un porcentaje ligeramente superior de inversión en deuda griega es el que mantiene REALE (solo el 0,32% del total). Por su parte, ARAG admitía del total de su cartera en renta fija, disponía de un 2,17% en deuda griega, aunque tenía previsto provisionar este tipo de inversiones “con el porcentaje que resulte oficialmente como quita”. Y PREVENTIVA reconocía que la inversión en renta fija en deuda griega suponía el 1,61% del total.
ZURICH y LIBERTY negaban que sus grupos en España tuvieran exposición a la deuda griega, al igual que SANTALUCÍA y PATRIA HISPANA. En el reportaje, firmado por nuestro compañero Javier Labiano, MUTUA DE PROPIETARIOS y MUTUALIDAD DE LEVANTE tampoco confirmaban que en su cartera hubiera inversiones en deuda de este país.
Impacto manejable
A mediados de noviembre, en la conferencia anual de la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA), celebrada en Fráncfort se puso de manifiesto que la exposición de las aseguradoras europeas a la deuda soberana griega, es manejable y comparativamente pequeña a la de otros sectores. "Además, hay que tener en cuenta que muchas de las compañías de seguros en Europa ya han tenido en cuenta las amortizaciones de la deuda griega en las cuentas de resultados de los trimestres pasados, por lo que el impacto será reducido", consideró el presidente de EIOPA, Gabriel Bernardino.
Según los cálculos realizados entonces por la agencia Bloomberg, la exposición del sector asegurador europeo a la deuda soberana griega no representaba ni un 1% del total de activos de su cartera.
Los bancos, aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones perderían más de 100.000 de los 200.000 millones de euros de deuda griega que poseen. Concretamente recibirán, a cambio de los títulos que tienen actualmente, obligaciones nuevas cuyo valor se reducirá a la mitad. El 15% del valor inicial de esos papeles se convertirá en obligaciones emitidas por el fondo de rescate europeo (FEEF) y el 35% en obligaciones griegas a 30 años. El 50% restante queda condonado.
Además, las nuevas obligaciones propuestas a los acreedores privados vencerán en 30 años, es decir más tarde que los títulos que tienen actualmente, siendo asimismo el interés de las nuevas obligaciones de alrededor del 3,5%, muy inferior al de los títulos que los acreedores privados tienen ahora. Ese rendimiento menor implicará igualmente una pérdida.
Según han informado fuentes diplomáticas de las que se han hecho eco los medios, los acreedores privados, que incluyen a bancos y aseguradoras, han accedido a una mayor quita en el canje de deuda de Grecia, aceptando voluntariamente una reducción de hasta el 53,5% del valor de los bonos estatales. Originalmente habían aceptado sólo un 50%, lo que equivale a 100.000 millones de euros, pero los ministros de Finanzas de la eurozona habrían presionado por un porcentaje mayor, para que Atenas logre reducir, tal como se le exige, el endeudamiento público del 170% al 120% del PIB para el año 2020.
Una vez aprobado el paquete financiero, se podrá avanzar en torno al canje de deuda con los tenedores privados de bonos griegos. El sector privado -mayoritariamente bancos y compañías aseguradoras- canjearán sus tenencias de bonos por títulos a mayor plazo que pagan un cupón menor, resultando en una reducción real de un 70% en el valor de los activos. Se espera que el canje de bonos se ponga en marcha el 8 de marzo y se complete tres días después, según detalló Grecia el pasado sábado. Eso significa que un vencimiento de bonos por 14.500 millones de euros, pautado para el 20 de marzo, podría ser reestructurado.
[21-02-2012] - Publicado en SEGUROS
MUTUA LEVANTE renueva su estructura informática con Dell
MUTUA LEVANTE ha confiado en Dell la renovación de su estructura informática. La empresa ha apostado por la virtualización, lo que permite con un número reducido de servidores reales simular múltiples equipos virtuales, de manera que se simplifica la gestión de la infraestructura y se rentabilizan costes y tiempos. “Además, esta tecnología ha permitido la consolidación de servidores en más de un 75% y ha incrementado la capacidad de almacenamiento en más de un 50%, lo que permite un crecimiento continuo del negocio”, afirma Dell en un comunicado.
[09-02-2012] - Publicado en CESCE
Mapa de Riesgo Político 2012: aumenta el interés por el seguro de riesgo político AON ESPAÑA presentó ayer las conclusiones del Mapa de Riesgo Político 2012, en el que se recoge el resultado de los análisis de riesgos políticos realizados en 167 países. Para elaborar el estudio se miden los niveles de riesgo derivados de la transferencia de divisas, el impago de deuda soberana, las interferencias políticas, las interrupciones de la cadena de suministro, los riesgos legales y regulatorios, o la violencia política. En el análisis de estos parámetros intervienen tanto AON RISK SOLUTIONS como la Oxford Analytica; con la combinación de resultados obtenidos por ambas se elabora la clasificación de riesgo de cada país (con una escala que desde bajo, medio-bajo, medio, medio-alto, alto hasta muy alto).
En palabras de Pedro Tomey, managing director del bróker, “se trata de una valiosa herramienta para la toma de decisiones empresariales en sus políticas de internalización. Con este mapa ayudamos a nuestros clientes a valorar sus contingencias y determinar el posible impacto de las mismas en la supervivencia, crecimiento y resultados”.
Una de las conclusiones del estudio es que “aunque la situación se ha empezado a aclarar en algunos de los países afectados por la Primavera Árabe, la tensión resultante ha estimulado o intensificado las protestas en decenas de países, tanto dentro de la región como en otros lugares”. En este sentido, Roger Schwartz, vicepresidente Senior de Riesgo Político del equipo de Crisis Management de AON RISK SOLUTIONS, apuntó que “estos levantamientos y protestas continúan siendo una preocupación clave en 2012 y lo vemos reflejado en la rebaja de la calificación de varios países; esto está obligando a los CEO y CFO de las empresas con operaciones en mercados emergentes a revisar sus medidas de gestión y mitigación de riesgos”.
Además, los resultados de las elecciones en Estados Unidos, Francia o Rusia pueden contribuir a una mayor incertidumbre global. La crisis de la deuda en la zona euro sigue siendo un riesgo significativo, y se extiende a los países que económicamente o de alguna otra manera dependen de la región.
Según Mariano Viale, director de Caución Internacional y Riesgo Político de AON ESPAÑA, “las consecuencias derivadas de la Primavera Árabe reflejan la dinámica de los mercados emergentes y cómo la situación en estos países puede cambiar significativamente, incrementando sus niveles de riesgo. Estos cambios afectan lógicamente al mercado de riesgo político, que se ha visto afectado por los cambios de gobierno y los hechos violentos ocurridos en las protestas y manifestaciones que han tenido lugar. Será necesario seguir de cerca los eventos y procesos electorales que tendrán lugar en varios países en 2012 para confirmar las tendencias señaladas en el mapa y seguir sacando conclusiones”.
RESULTADOS DEL MAPA DE RIESGO POLÍTICO 2012
En esta ocasión Moldavia, Ucrania y Uruguay han mejorado su calificación de riesgo con respecto a la anterior. Frente a este dato, suman 21 los que han empeorado su calificación de riesgo con respecto a la anterior edición: Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Colombia, Croacia, Egipto, Islas Falkland, Gabón, Guatemala, Guinea Bissau, Libia, Marruecos, Omán, Pakistán, Sahara Occidental, Swazilandia, Siria, Tailandia, Túnez, Uganda y Vietnam.
Así, según el análisis realizado, los principales riesgos a los que se enfrentarán las empresas son los siguientes:
- Transferencia de divisas: Riesgo de no poder realizar pagos en la moneda establecida por contrato debido a la imposición de controles sobre la moneda local. 71 países son acreedores de este icono, incluyendo Bolivia, Kenia, Swazilandia, Pakistán y Turkmenistán.
- Sistema legal y regulatorio: Riesgo de pérdida financiera o de reputación como resultado de las dificultades para cumplir con las leyes, reglamentos o códigos de un país anfitrión, reglamentos o códigos. 104 países cuentan con este icono de riesgo, por lo que es el riesgo más común en el mapa. Entre los países con este icono de riesgo se incluyen Bielorrusia, Kazajstán, Somalia, Tailandia y Yemen.
- Interferencia política: Riesgo de la intervención del gobierno del país anfitrión en la economía o en otros ámbitos políticos que puedan afectar negativamente a los intereses empresariales extranjeros; ejemplos de ello son la nacionalización y la expropiación. 92 países y territorios tienen este icono riesgo, incluyendo cinco nuevos en 2012: Egipto, Gambia, Libia, Perú y el Sahara Occidental.
- Violencia política: Riesgo de huelgas, disturbios, conmoción civil, sabotaje, terrorismo, daño malicioso, guerra, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, acto hostil por parte de una potencia beligerante, motín o golpe de Estado. 81 países cuentan con este icono de riesgo, entre ellos Bahrein, Libia, Senegal, Sierra Leona y Turkmenistán.
Impago de Deuda Soberana: Riesgo de fracaso de un gobierno extranjero o de una entidad gubernamental para cumplir con sus obligaciones en relación con préstamos u otros compromisos financieros. 85 países cuentan con este icono de riesgo en el año 2012, entre ellos Croacia, República Dominicana, Egipto, Nigeria y Vietnam.
- Vulnerabilidad de la cadena de suministro: Riesgo de interrupción en el flujo de bienes y/o servicios dentro o fuera del país como consecuencia de la inestabilidad política, social, económica o ambiental. Este es el icono de riesgo menos común con 61 países, entre ellos Guinea-Conakry, Papua Nueva Guinea, Siria, Tuvalu y Vanuatu.
Acceso al formulario en la web de AON para acceder al Mapa de Riesgo Político 2012
[03-02-2012] - Publicado en CESCE
La subida de los precios de exportación e importación de la industria se atenúa
03.02.2012 Expansión.com 0 Los Precios de Exportación de los productos industriales registró un incremento del 3,5% en diciembre respecto al mismo mes de 2010, mientras que los precios de importación de dichos productos aumentaron un 6,8%.
Con el de diciembre ya son 25 los meses consecutivos en los que los precios de las exportaciones y de las importaciones de productos industriales registran una tasa de variación interanual positiva tras haber estado un año en negativo, según los datos publicados hoy del Instituto Nacional de Estadística (INE).
No obstante, la tasa interanual del Índice de Precios de Exportación (IPRIX) en el mes de diciembre es del 3,5%, nueve décimas inferior a la registrada en noviembre. Es decir, que los precios de exportación subieron en el último mes del año nueve décimas menos de lo que lo hicieron en noviembre en tasa interanual, mientras que los de las importaciones desaceleraron casi dos puntos su crecimiento interanual en relación al mes anterior.
En cuanto a la variación mensual, los precios de las exportaciones de los productos industriales avanzaron un 0,1% respecto al mes anterior, mientras que los precios de las importaciones aumentaron un 0,3%.
Las actividades que más han influido en este descenso de la tasa anual son las coquerías y refino de petróleo, cuya variación anual es del 16,1%, más de seis puntos inferior a la del mes pasado y la más baja registrada por esta actividad desde noviembre de 2009. Este comportamiento es consecuencia de la subida de los precios en diciembre de 2011, que ha sido menor que la experimentada el mismo mes del año anterior.
En el caso de la industria química, disminuye su tasa más de dos puntos y la sitúa en el 5,7%, la más baja desde abril de 2010. Este descenso de la tasa anual es debido a que este mes los precios de esta actividad han bajado, mientras que en diciembre de 2010 aumentaron.
En la metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones la tasa anual se sitúa en el 0,0%, más de dos puntos inferior a la de noviembre por la caída de los precios de esta actividad en diciembre de 2011 frente al aumento de diciembre de 2010. De hecho, es la variación anual más baja registrada por esta actividad en los dos últimos años.
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